CIUDAD JUAREZ, MEXICO. Desde hace más de dos décadas, Ciudad Juárez es sinónimo de feminicidios, crímenes de género que se han convertido en un trágica, impune y escalofriante lacra consustancial ya a esta ciudad del estado mexicano de Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos. Por lo general, mujeres jóvenes y adolescentes de entre 15 y 25 años de edad, de escasos recursos y obligadas a abandonar sus estudios secundarios para comenzar a trabajar a temprana edad, son el prototipo de víctimas de estos asesinatos  que se vienen cometiendo en esta tristemente célebre urbe mexicana, al menos, desde enero de 1993.

Según los recientes datos aportados por el Colegio de la Frontera Norte,una institución de investigación científica y docencia de alto nivel, especializada en el estudio de la problemática de la región mexicana colindante con Estados Unidos, desde esa fecha casi 2000 mujeres han sido violadas y torturadas antes de acabar con sus vidas. Los verdugos, los cárteles de la droga, las mafias, los cuerpos ilegales y clandestinos de seguridad (CIACS) y las pandillas en Ciudad Juárez, a los que ahora se han sumado también, como nuevos actores, los cerca de 8.000  militares desplazados en la zona fronteriza con el fin de terminar con el crimen organizado.

Una de las voces más activas y combativas contra esta espeluznante realidad es la de la asociación “Nuestras hijas de regreso a casa”, una organización de familiares y amigos de víctimas de los feminicidios en Ciudad Juárez que luchan por denunciar a los culpables – el 95% de los asesinatos siguen impunes de acuerdo con esta entidad – y que se haga verdadera justicia.

Según activistas de esta asociación como Karla Michel Salas, las niñas y las mujeres no son importantes para el Estado, “no suponen una gran pérdida para la sociedad, son pobres, perfectamente prescindibles para las autoridades”. Esto explica, en buena parte quizá, los altísimos índices de impunidad de estos crímenes, cercanos prácticamente al 100%.

Otro nombre que supone un importante referente es el de Marcela Lagarde. Esta  reconocida académica mexicana llevó a cabo, desde su puesto en la Cámara de Diputados, una extensa investigación sobre estas muertes con el objetivo de llamar la atención internacional no sólo sobre Ciudad Juárez, sino sobre todo México. Y es que en este país los homicidios violentos contra mujeres no se limitan a la citada metrópoli, sino que se registran también en otras ciudades, incluso, con tasas más elevadas. Sin embargo, la ausencia de denuncias, la falta de organización de los familiares afectados y de un movimiento que actuase como altavoz de estos crímenes, ha trasladado el foco de atención internacional a Ciudad Juárez. Aquí, la lucha de movimientos de mujeres y de derechos humanos para acabar con la impunidad que ha acompañado los feminicidios en Ciudad Juárez ha dado la vuelta al mundo y ha permitido desvelar esta sobrecogedora realidad.

Lagarde sostiene en su estudio que, aunque las mafias son responsables en parte de estas muertes, lo cierto es que en la mayoría de los casos  las cometen hombres comunes (padres, hermanos, vecinos, compañeros de trabajo, etc) del entorno de las víctimas. Las razones de todo esto resultan complejas porque permiten múltiples interpretaciones, pero existen dos factores que ejercen una gran influencia. Por una parte, la arraigada discriminación contra las mujeres que prevalece en México, acompañada de una gran degradación de las mismas. Por otro, el enorme crecimiento demográfico y de las acciones criminales generados en el área metropolitana de Ciudad Juárez a partir del auge del fenómeno de las maquiladoras.

Estas empresas, que importan materiales sin pagar aranceles, se caracterizan  por su mano de obra barata – especialmente mujeres procedentes de pueblos y zonas rurales de México – y sus condiciones de explotación laboral, que conllevan regularmente  violaciones en los derechos humanos. Esta migración ha creado, en palabras de la escritora y empresaria Jessica Livingston, “un nuevo fenómeno de mujeres trabajadoras móviles, independientes y vulnerables”, cuyo mayor exponente es Ciudad Juárez.

La investigación realizada por Marcela Lagarde, que puso de manifiesto que el telón de fondo de estos asesinatos es un problema de la convivencia de género en México, no cayó en saco roto, sino que permitió abordar un decisivo cambio legislativo en esta materia de enorme trascendencia. En febrero de 2007 se aprobó una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuyo texto fue reformado en enero de 2013.

Se trata de una ley vanguardista, la única en México que tiene a las mujeres como sujetos de la misma y la única en la que se especifica que el Estado es responsable de garantizar la seguridad y la vida de las mujeres. La norma armoniza instrumentos internacionales muy importantes, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y otro magnífico, que es exclusivo en el mundo para erradicar la violencia contra mujeres: la Convención de Belem do Pará.

Esta Ley General, que ha supuesto un punto de inflexión, pone el énfasis  en la prevención de la violencia, la eliminación de desigualdad entre mujeres y hombres, el fomento de  la incorporación de las mujeres que están excluidas, marginadas, que no tienen acceso a la educación, al trabajo, a la salud y a unas mínimas condiciones de desarrollo, para poder exigir sus derechos y no verse obligadas a asumir que cualquiera puede maltratarlas y/o matarlas.