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Bajo el lema “la educación es la clave”, ROOSTERGNN publica una Serie Especial dedicada exclusivamente a uno de los temas más importantes hoy en día: Educación. Puede seguir la Serie completa aquí.
CHILE. Instaurar una educación pública gratuita, universal y de calidad es uno de los desafíos con que asumió la presidencia Michelle Bachelet el 11 de marzo, y ante el cual hay grandes expectativas. Ésta es la ansiada respuesta al movimiento estudiantil que ha hecho oír con fuerza sus demandas desde el 2006. Sus exigencias han estado centradas en la cantidad de recursos y en mejoras en la igualdad de acceso a la educación, pero nada se ha escuchado sobre la necesidad de poner énfasis en la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+I) en las universidades chilenas.
La globalización -con la pérdida de relevancia de las fronteras geográficas y la interdependencia de los mercados- como también la sociedad del conocimiento, que surge a fines del siglo XX a partir de la noción de Drucker (1969), hacen imperioso hablar de un “nuevo modelo de universidad”, sin dejar de lado, por supuesto, las transformaciones tendientes a lograr mayor equidad que han estado en el tapete por años.
Universidad para los nuevos tiempos
El país requiere una reforma universitaria modernizadora y vanguardista en el contexto de los retos de la sociedad actual… una universidad transversal, internacional, que forme nuevas generaciones de líderes en la producción y el intelecto, que aporte conocimiento nuevo para el progreso y que se vincule al medio social, a la empresa y al sector productivo. Resulta fundamental avanzar hacia Centros de Estudios Superiores de creación de conocimiento y no sólo de diseminación de éste.
En Chile existe un escaso vínculo entre el mundo de la ciencia y el sector productivo, aunque se están haciendo esfuerzos por promover la investigación aplicada y la innovación conjunta con la industria. No obstante, es necesario un profundo cambio cultural respecto a la negativa de las universidades para que sus investigadores traspasen a las compañías los resultados de sus estudios. Por su parte, las empresas también tienen recelo hacia los investigadores, viéndolos como excesivamente cualificados y no en consonancia con las necesidades prácticas de su entorno.
Es esencial transformar la tendencia a la mera publicación de las investigaciones en papers, quedando éstas en el papel, sin aplicarse a la sociedad a través de la industria. Este bajo nivel de transferencia de conocimiento tiene su explicación, ya que desde los años ’80 el Estado ha entregado, por medio de fondos concursables, mayores subsidios para que las universidades publiquen sus investigaciones, pero no para que las apliquen en el mercado y generen un impacto real en la sociedad.
Con su significativo crecimiento económico, Chile aspira a incorporarse al selecto grupo de países desarrollados, sin embargo esto no es únicamente una cuestión de ingreso per cápita. Ser una nación desarrollada exige una adecuada gestión de componentes culturales, políticos, económicos y tecnológicos, pero el país está débil en la materia, puesto que invierte sólo un 0,35% del PIB en investigación y desarrollo (cifra arrojada por la Tercera Encuesta Nacional sobre gasto y personal en I+D correspondiente al 2011-12), mientras que las naciones desarrolladas no bajan del 2 ó 3%.
Si bien la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) tiene por objetivo verificar y promover la calidad de la Educación Superior chilena, para que ésta cuente con una certificación de sus procesos internos y resultados en carreras de pregrado, postgrado y especialidades en el campo de la salud, la gestión de la investigación es una área optativa de acreditación, lo que hace que tanto las actividades científico-tecnológicas como las de desarrollo e innovación queden poco tuteladas y sin mayores exigencias.
No se puede negar que se están dando pasos para avanzar. De hecho, la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) -organismo ejecutor de las políticas gubernamentales en el ámbito de emprendimiento e innovación- ha logrado que centros de excelencia se instalen en el país para desarrollar proyectos y tecnologías en sectores específicos: minería, alimentación, computación y biotecnología. Nos referimos a entidades de renombre mundial como Inria, Csrio, Fraunhofer y Wageningen UR.
Precisamente, Corfo es la entidad encargada de registrar y certificar a los centros de investigación para la realización de actividades de I+D, lo que ha quedado estipulado en la ley 20.241 -denominada Ley I+D en vigencia desde septiembre de 2012– que amplía los incentivos tributarios a la inversión privada en investigación y desarrollo existentes hasta la fecha, permitiendo rebajar vía impuestos hasta un 35% de los recursos destinados a estas materias.
Cabe recalcar que se habla de inversión privada, dejándose de lado la esfera de lo público y a las universidades que tienen este carácter y que representan un aporte significativo, como la Universidad de Chile que lleva a cabo más del 30% de la investigación nacional.
Más allá de la legislación y las medidas que se estén adoptando, Chile requiere un plan estratégico de desarrollo que defina una institucionalidad que permita coordinar e implementar adecuadamente las políticas de I+D+I, de modo de generar la confianza necesaria entre los distintos actores: gobierno, empresarios, universidades, investigadores y la sociedad en su conjunto. Lo anterior supone definiciones en materia de qué universidad se aspira a desarrollar, las razones que motivan las actividades de investigación, cuál es el nivel deseable a alcanzar en el plano de I+D+I y en qué áreas del conocimiento se realizarán las acciones institucionales de investigación.