Hoy, 26 de marzo, el Congreso de los Diputados aprueba de forma definitiva, el que ha sido uno de los Proyectos de Ley más examinados por los medios, más criticado y más denunciado de todas la legislaturas del Partido Popular. Muy por encima de la Ley del Aborto, la llamada Ley Mordaza -o, más correcto, en mi opinión- Leyes Mordaza, suponen un retroceso en los derechos fundamentales de todos los españoles. Lo que empezó fortificando la antigua Ley de Seguridad Ciudadana, llamada Ley Corcuera, también por su dureza, ha terminado convirtiéndose en un apaño de seguridad para el Gobierno en tres ámbitos muy distintos: Ley Antiyihadista, Seguridad Ciudadana y Código Penal.
La primera gran novedad de esta ley, la más grave de acuerdo al recorte de derechos fundamentales, y a las consecuencias que puede ocasionar para la ciudadanía (en términos directos), es el cambio que se produce en el Código Penal. Es sencillo a pesar de que pueda sonar complicado, según se recoge en los Derechos Humanos toda persona tiene derecho a un juicio justo, aunque en este caso el Partido Popular ha creado una ley que les permite hacer trampa: una serie de delitos del Código Penal, pasan a ser categorizados como faltas administrativas. Lo que significa que para ciertos delitos, en los que antes era necesario la última palabra de un juez (esto es el poder judicial), ahora, con la palabra de la autoridad administrativa correspondiente sería más que suficiente. Los cuales, no nos engañemos, son susceptibles de ser manejados por el poder ejecutivo, sea en su formato local, de Comunidad Autónoma o del Gobierno central. Esto, lejos de ser una nimiedad en un cambio de conceptos, es un puente que permite la violación de la Declaración de Derechos Humanos: no se niega un juicio justo, simplemente se decide que ya no es necesario tal juicio. Pero la locura no se queda ahí, porque estas faltas administrativas serán penadas por medio del pago de cuantiosas cantidades, que pueden llegar hasta a los 600.000 euros. (Abajo podéis encontrar una tabla gráfica realizada por el colectivo No Somos Delito, que simplemente hemos retocado su forma para que encaje en este artículo).
Resumen de cambios con las Leyes Mordaza | No Somos Delito
Esta violación de Derechos Humanos que se denuncia en este artículo, NO ES UNA APRECIACIÓN de la autora. Expertos independientes de la Organización de Naciones Unidas, el alma y brazo armado de la Comunidad Internacional, han denunciado precisamente la violación de Derechos Humanos que se producirá con la entrada en vigor de los cambios aprobados por la mayoría del Partido Popular. En un informe de Naciones Unidas los expertos Maina Kiai, Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación; David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Ben Emmerson, Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; y Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos, denuncian precisamente estos cambios y avisan:<<Los derechos de manifestar pacíficamente y expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática>>
Además, tal y como muchos medios españoles han tratado de explicar, detrás de esta reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, los expertos de la ONU, también entienden que pueda haber una intención, por parte del Gobierno, de esconder el descontento de los españoles: <<Nos preocupa que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España>>
Además del cambio en el Código Penal, la supuesta Ley de Seguridad Ciudadana, plantea un cambio en las leyes de inmigración, lo cual es el segundo apaño creado por el Partido Popular para poder deportar inmigrantes saltándose todos los procesos administrativos necesarios: las llamadas devoluciones en caliente serán legales. No se tendrá constancia de dónde provienen los inmigrantes y, lo más grave, a dónde son deportados, lo cual facilita de manera importante el trabajo, no solo del gobierno español, sino de las autoridades marroquíes, por ejemplo. Limitando de manera extrema los derechos de estos individuos que, en la mayoría de casos, tan solo buscan una mejora en las condiciones de vida. Sin olvidarnos del Tarajal, resulta extremadamente alarmante pensar qué puede ocurrir ahora a estos inmigrantes sin que exista conocimiento alguno por parte de medios y ciudadanos.
El colofón final de esta ley es el relacionado con la limitación en el derecho a la información por parte de los ciudadanos. Precisamente, las autoridades policiales quedan blindadas de manera extrema: no se podrá grabar y fotografiar durante actividades policiales. No podrá quedar un registro visual de cómo actúan los policías españoles, no se permitirá que los periodistas graben como ha ocurrido en multitud de ocasiones en los últimos años, a policías españoles abusando de su poder, golpeando a personas mayores, jóvenes desarmados y multitud de manifestantes pacíficos. El Partido Popular – y esto sí es una apreciación de la autora-, ha puesto en marcha hoy de manera definitiva, la intentona de convertir a las fuerzas de seguridad española en elementos restrictivos y obedientes para su ejercicio autoritario del poder. El ciudadano es relegado a enemigo del sistema planteado por el ejecutivo y ya ni la manifestación va a ser legal.
Además, fruto de la reforma de la Ley Antiterrorista, fruto de ese pacto de Estado entre el renovado PSOE y el Partido Popular, que se ha bautizado como Ley Antiyihadista, se pasará por encima de la Constitución española, ya que se incluye la aprobación de la prisión permanente revisable, un nombre bonito para lo que se ha llamado durante toda la vida cadena perpetua. Lo cual va no solo ya en contra de la Constitución, sino además del principio básico occidental defendido por Europa, en el cual se entiende que las cárceles son centros de reinserción social.
Si quieres hacer algo, puedes twittear. Se ha creado una interesante herramienta para mandar tweets de manera rápida a todos los diputados españoles, con la intención de mostrar el desacuerdo ciudadano y mostrar el informe de los expertos de la ONU.
Y si te sirve de consuelo, no nos encontramos solos. Los ciudadanos españoles estamos contando con objeciones presentadas de manera repetida por parte del Consejo de Europa y de la ONU, en el lado de la Comunidad Internacional. Además gracias al trabajo de muchos ciudadanos españoles se está tratando de encontrar apoyo de ciudadanos de otros países con vídeos como el de abajo, realizados por la Marea Granate.
Para más información la autora de esta noticia recomienda la publicación del 20 minutos «El Gobierno impone su ‘trío de mordazas’: seguridad ciudadana, código penal y ley antiyihadista».