ARGENTINA. Desde 2009, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner mantiene un porfiado pulso contra el mayor conglomerado de medios de Argentina, el Grupo Clarín, en un intento por reducir las voces críticas contra su gestión y “democratizar” el sector audiovisual.

La Ley de Medios, también conocida como la ‘Ley Clarín’, derogó la antigua legislación vigente desde la dictadura, obligando a los grandes medios argentinos a reducir su número de licencias. Estas medidas de desmonopolización obligan a los beneficaros de concesiones a ser dueños como máximo de una señal satelital, hasta 10 señales sonoras (de televisión abierta o cable), y hasta 24 licencias de radiodifusión por suscripción. La Ley también impide que las compañías telefónicas brinden servicios de televisión por cable, que los dueños de canal de televisión abierta no posean empresas de distribución de TV por cable en la misma localidad, y se establecen unas coutas mínimas de emisiones de producción nacional.

El grupo Clarín cuenta actualmente con 237 licencias en total, y sería uno de los más perjudicados por la medida. Aunque esta medida también afecta a otras empresas, como la Grupo Telefónica (dueña de la cadena Telefe), el Grupo Prisa (que cuenta con un 35% del mercado de la radio), el Grupo Uno y Canal 9.

Las nuevas licencias beneficiarán, en teoría, a nuevos actores de la sociedad civil, como radios comunitarias, cooperativas, universidades y miembros de la Coalición por una Comunicación Democrática, que agrupa a 300 colectivos de distinto tipo (indígenas, asociaciones GLBT y de vecinos…). Además, los partidarios de la nueva legislación subrayan que para la redacción de sus 166 artículos se realizaron 23 foros y 80 conferencias para discutir la nueva Ley con la mayor parte de la sociedad posible.

Pero las reglas del juego no parecen del todo claras. Y litigio mediático desembocó en un tira y afloja del Gobierno contra el poder judicial. El Grupo Clarín introdujo dos recursos: el primero, contra las limitaciones y prohibiciones a la propiedad privada cruzada en los medios de comunicación (art. 45), y el segundo, contra el límite de un año que establece la Ley (art. 161).

El Grupo Clarín, que llegó a ser aliado del fallecido ex presidente Néstor Kirchner hasta 2008 (cuando se recrudeció el conflicto agrario y la polarización se contagió a los medios de comunicación), ganó una medida cautelar, provocando aireadas reacciones de la mandataria argentina.

En abril, Cristina Fernández de Kirchner presentó también en el Congreso una Reforma Judicial que incluía la elección por voto popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, como sucede con los diputados del Congreso o en el Poder Ejecutivo. Sin embargo, el Tribunal Supremo declaró inconstitucional esta norma, recrudeciendo las desavenencias entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.

Mientras que la guerra mediática (y ahora judicial) termina de dirimirse, el periódico Clarín publicó reportajes sobre una supuesta red de lavado de dinero de la que habría formado parte el ex presidente Néstor Kirchner. La presidenta volvió a la carga con nuevas medidas, y a principios de mayo propuso que las acciones del Gobierno en Papel de Presa (que abastece el 75% del mercado del papel)pasasen del 28% al 52%, arrebatando el control a sus principales accionistas, La Nación y Clarín. Ambos periódicos han criticado cómo el Gobierno distribuye la publicidad oficial, la cual beneficia principalmente a medios con líneas editoriales menos críticas con el Gobierno.

Además, la Ley de Medios todavía plantea graves problemas de implementación. Mientras que las grandes ciudades argentinas se podrían beneficiar de una mayor pluralidad informativa, muchos pequeños municipios donde opera Clabevisión (propiedad de Clarín) verían reducida la oferta en sus televisores. Tampoco está claro qué sucederá con las nuevas licencias, ni sus cláusulas, y hay temores que la calidad del servicio de los nuevos operadores sea de peor calidad, más politizado y polarizado que el brindado por el Grupo Clarín.

Todos estos cambios aseguran una mayor presencia del Estado (como viene sucediendo en toda la región) y la participación de instituciones públicas, y nuevos actores de la sociedad civil. Sin embargo, la nueva legislación pareciera aplicarse con distinto rasero entre las distintas empresas del sector privado, con un enfrentamiento frontal entre el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el Grupo Clarín. Esto, en lugar de alentar el pluralismo y la diversidad en los medios supone un peligroso precedente en Argentina, donde el Ejecutivo premia a sus amigos y castiga a las voces más críticas.