EUROPA. El paro juvenil se ha convertido en un problema de envergadura en el contexto mundial actual y va extendiéndose, como si de una enorme mancha de petróleo en el mar se tratara, a lo ancho del «viejo continente». Para los españoles supone una de las preocupaciones más evidentes y, según datos de Eurostat la tasa de paro juvenil se acerca al 60% representando casi el doble de la media europea: sólo Grecia supera esa cifra.

El nivel de desempleo europeo en adultos en bastante menor que en el caso de las personas de menor edad, situación que se mantiene casi estática desde hace algo más de cuatro años. Sólo el 30% de los jóvenes que estaban desocupados en 2010 encontraron trabajo en 2011, lo que representó una caída de casi el 10% en tres años. Ante esta dramática situación la Eurocámara debatió a principios de este año, la posibilidad de crear una Garantía Juvenil. Según información del Consejo de la Juventud de España (2012) «El concepto de ‘garantía juvenil’, también llamada ‘garantía laboral’ en algunos países, hace referencia al compromiso de los gobiernos, las autoridades regionales y los servicios de empleo públicos por ofrecerles empleo, formación o cursos de reciclado a la juventud una vez transcurrido un cierto período de tiempo tras haber perdido su empleo o tras haber terminado la educación formal». Los escandinavos fueron pioneros en este tipo de medidas y debido al gran éxito, la Unión Europea decidió extenderlas a otros países; Suecia empezó a trabajar estas cuestiones en 1984 y Finlandia en 1997, revisándose hasta la actualidad.

Todos los Estados miembros se mostraron conformes con la Garantía en la cumbre de líderes de la UE celebrada los días 7 y 8 del pasado mes de febrero; por lo tanto, su aprobación en el posterior Consejo de Empleo y Asuntos Sociales era evidente. Dos semanas más tarde España acordó crear la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Juvenil 2013-16, en la que también se incluyera la Garantía Juvenil, dotada de 3.500 millones de euros. Dicho plan cuenta actualmente con una batería de 100 medidas para incentivar la contratación de menores de 30 años. En el caso español, se alarga algo más la edad en relación a otros países que, siguiendo las directrices marcadas por la Comisión Europea, se encargarán de que todos los menores de veinticinco años que lleven más de cuatro meses sin estudiar ni trabajar, reciban una oferta laboral de calidad o tengan la posibilidad de continuar su formación o realizar prácticas profesionales.

La UE ha aprobado, además, un «presupuesto solidario«de 6.000 millones de euros para distribuir entre sus miembros que estaría disponible, en teoría a partir de 2014. No obstante, la donación podría adelantarse a aquellos países especialmente afectados por el desempleo, sirva de ejemplo España, a la que le corresponderían unos 920 de los 6.000 millones de euros.

Parece que, aunque propone muchas medidas para atajar el paro juvenil, la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 no profundiza en algunos aspectos fundamentales como género o inmigración, siendo los factores que hacen de algunos colectivos los más vulnerables al desempleo y, por lo tanto, se deberían incluir medidas especiales para ellos con el fin de mejorar su situación.

Una cuestión a plantear es si servirá o no para mitigar la problemática existente. En España, entre otras acciones, se anuncian bonificaciones a la Seguridad Social, así como actuaciones encaminadas a promover el autoempleo; pero todo ello no supone «lucha de un día» y todas las partes involucradas deben trabajar conjuntamente. Tiempo y esfuerzo dirán si el tren llega a su destino o si, como tan acostumbrados estamos los españoles, seguimos encabezando la cola del desempleo en Europa.

Nos enfrentamos ante un problema ya no coyuntural, sino estructural: aunque las pymes atraviesan un mal momento, una de las soluciones más viables para los jóvenes es el autoempleo, ya que el sector público no puede seguir siendo el «cajón esperanza» de los desempleados. Ahora bien, creatividad y emprendimiento requieren de buenos conocimientos y motivación, adquiridos mediante una formación no siempre enfocada hacia los sectores productivos clave o hacia oportunidades laborales latentes. Formar para innovar y para generar empleo supone rentabilizar la inversión del Estado en el sistema educativo. La formación, en todas sus manifestaciones y facetas, necesita dar sus frutos y, cuando esto no ocurre, la frustración por parte de la población no tarda en aparecer.