ESPAÑA. En este comentario debemos partir de la consideración que a la inmensa mayoría de la ciudadanía no nos gustan las guerras. Y más cuando Europa ha sido campo de batalla hasta el 1945 de guerras inmensas y de uno de los genocidios más grandes de toda la historia. Quizá podríamos debatir sobre guerras “justas” e “injustas”, tema sobre el que volveremos en el futuro. Pero hay una realidad más allá de las buenas intenciones: el comercio de armas es el resultado de una de las industrias con mayor rendimiento económico del planeta y que da empleo a centenares de miles de trabajadores, hasta el punto que en el 2010 alcanzo algo más de 300.000 millones de euros, según el informe de la empresa sueca SIPRI.

España no va a la zaga. No somos un país especialmente dedicado a la venta de armas, pero las cifras no son menores. No obstante de los 17 países que se sitúan en el “top ten” en la exportación de armas, diez de ellos son plenamente democráticos, encabezados por EE.UU., Reino Unido y Francia, y en donde España comparte ubicación junto a ellos, pero también con Bielorrusia, Corea del Norte o China. Y si vende es que se compra. Navantia e Indra son empresas españolas de altísima especialidad que se sitúan entre las 100 del top ten de la industria armamentística. Analicemos algunos de los puntos clave del papel de España en este tema, que nos permita reflexionar.

  1. La venta de armas por parte de España a países extranjeros ha sido una política de todos los gobiernos, tanto del PP como del PSOE. No hay “color” en esa política. Cuando Rodríguez Zapatero llegó al gobierno en el 2004, la venta de armas al exterior estaba cercana a los 400 millones de euros/año; en el 2009 se elevó a 1346 millones, y cuando el PSOE abandonó el gobierno en el 2011, España exportó ese año 2.431 millones. El nuevo gobierno del PP tuvo una inflexión a la baja en el 2013 situándose la venta en casi 2.000 millones, pero se elevó de nuevo en el 2013 a 3.907 millones, la cifra más alta de la historia reciente. No es cuestión de política, sólo hay razones de pragmatismo.
  2. España vende armamento de todo tipo, aunque generalmente no a gran escala. Las cifras oscilan a veces bruscamente, por razones coyunturales. La cifra actual, espectacular, se debe al auge de la venta de aviones militares fabricados en España por la Airbus Military –consorcio europeo de aviones civiles y militares-, generalmente el Airbus 330 readaptado a uso militar. Y también por la compra que nos efectúan los países de la península de Arabia. Debemos señalar que el primer cliente en el 2013 de España fue los Emiratos Árabes Unidos (cuya línea aérea esponsoriza el Real Madrid, por cierto), con una compra de aviones por 717 millones y bombas de aviación por 46.000 euros. Qatar (ídem, en cuanto a su línea área, en cuanto al FC Barcelona-Barça) adquirió por un valor menor, de 50.000 euros. Dos países de escaso nivel democrático, por no decir que ninguno.  Entre ellos dos, Arabia Saudita compró por más de 350 millones de euros en aviones y repuestos aeronáuticos; el casi desconocido Omán 98 millones en aviones, repuestos de cañones, lanzagranadas y munición y Bahrein unos 24 millones en morteros y munición. Ninguno de estos países es una democracia, pero con todos ellos España mantiene relaciones diplomáticas y hace muy buenos negocios que crean empleo, como es la construcción del AVE a La Meca –por cierto, para transportar ciudadanos musulmanes decentes pero también para fanáticos islamistas. El negocio es el negocio, pero las cifras son impresionantes: todas las monarquías no democráticas del Golfo adquieren el 30 por ciento de las exportaciones militares españolas, superando los 1200 millones de euros. Ello en el 2013, pues en el 2012 se situaron en 47 millones: una escalada impresionante. De ahí las constantes visitas de nuestras más altas autoridades a los países del Golfo, y dicho esto sin reproche: España necesita salir de una crisis galopante y las cifras de desempleo no permiten excesivos devaneos de buenismo.
  3. España también vende material militar a países democráticos y aliados. Reino Unido y Francia superan cada uno de ellos compra por más de 540 y 400 millones, respectivamente. Los países de la OTAN y de la Unión Europea, de intachable perfil democrático con alguna excepción en el primer supuesto, nos adquieren algo menos del 40 por ciento. Curiosamente, nuestro segundo mejor comprador actual es Australia, una democracia intachable, que compra por valor de 600 millones de euros gracias a la adquisición de un gran buque de guerra. Por cierto, un ejército, el australiano, que ayudó y apoyo al gobierno de Timor Oriental para evitar un caos en el país, restablecer el orden y mantener el sistema democrático. Hay matices, por tanto, y a veces son importantes.
  4. También vendemos material policial a países “dudosos.” Túnez, Perú, Venezuela y Nicaragua. Es evidente que mucho de este material sirve para reprimir a delincuentes pero también a opositores democráticos, como en Venezuela y Nicaragua. Sin embargo, ¿podemos quejarnos como ciudadanos si son países con los que mantenemos plenas relaciones diplomáticas? Y nuevo matiz: Túnez ha hecho un gran esfuerzo de democratización y estabilidad a diferencia de los restantes países resultantes de la denominada “primavera árabe.” Parece justo también nuestra ayuda. No así quizá con los restantes mencionados.
  5. Es cierto, sin embargo, que el Gobierno español –del PSOE y del PP- han vetado la venta de armas en determinadas circunstancias. Tras el golpe de Estado en Egipto del 2013, nuestro país suspendió la venta de armas y material policial, en consonancia con lo que efectuó la Unión Europea. Claro está que era un golpe de Estado “bien visto” por Occidente. Por ello pronto se revisó la prohibición. En los últimos tiempos, Egipto ha adquirido aviones de transporte, recambios de vehículos blindados y de transporte para tropas, piezas de motores de aeronaves. Otros vetos son claramente políticos y poco “honestos” a juicio de este autor. España no ha aceptado vender vehículos aéreos no tripulados a Taiwán, país democrático, para no indisponerse con la autoritaria China y el gobierno de Pekín, que reclaman la soberanía del territorio taiwanés. También se ha prohibido la venta de material a países donde parece que el enfado de sus gobiernos poco nos importa en términos de política internacional: cartuchos de caza para Guinea Bissau, pólvora para la República Centroafricana o sustancias químicas para Sudán. Claro está que lo que piensen los gobiernos de estos países sobre España poco importa, pues las relaciones económicas están bajo mínimos. No sería lo mismo si hablamos de Venezuela, por ejemplo. La política de Estado y las relaciones internacionales transitan por vericuetos complejos y ambivalentes.
  6. Interesante es analizar el llamado “material de doble uso”, esto es, con utilidad civil y militar. Vendemos a países con una enorme tradición democrática (Suiza, 11 millones euros) pero generalmente a regímenes autoritarios y algunas dictaduras de baja estopa. La lista es significativa, los dos primeros de la misma, China e Irán, ante lo cual sobran los comentarios. Pero también a Rusia, Arabia Saudita, Venezuela o incluso a Bielorrusia, considerada ésta por muchos como “la última dictadura en Europa”. Por cierto, no hemos podido averiguar el motivo de la denegación de venta de spray de defensa personal a Andorra.
  7.  Finalmente, un aspecto nada desdeñable, que merece un comentario aparte. La inversión privada en industria armamentista. ¿Inversiones éticas? ¿Fondos de inversión éticos? ¿responsabilidad social corporativa? La verdad es que en España es precisamente el sector de la Banca la que más invierte en empresas de armamento. Casi el 90 por ciento de la financiación de la industria armamentística española está en manos del BBVA y del Banco Santander, pero incluso a entidades bancarias que se reclaman de “banca cívica.”

Un hecho para meditar salvo que deseemos quedarnos simplemente en el “business is business.”

Y es el momento de la reflexión: ¿Qué postura podemos mantener ante ello? Ciertamente, de nuevo, “business is business” y España no es ajena a lo que también practican los países de nuestro entorno. La producción de material militar, policial y de doble uso crea riqueza y puestos de trabajo. Y en un momento como el actual, es fácil deducir que el pragmatismo impera, máxime cuando la negativa de España supondrá que otro país vendrá a sustituirnos. No podemos reprochar los constantes viajes del Rey Juan Carlos a los países del Golfo cuando gracias a ellos se está creando empleo, promocionando empresas españolas, construyendo un AVE hasta la Meca (al cual aspiraba, por cierto, Francia) y posicionando nuestro país en mercados con capital para invertir. Y si hay reproche, sin duda, está cubierto de hipocresía y sólo en menor medida, de una reflexión de honestidad personal, pero nos parece que en este último caso son pocas voces.

Es evidente también que en política internacional las ambivalencias y la hipocresía están al orden del día. ¿Podemos negar la venta de material militar o policial a países con los que mantenemos plenas relaciones diplomáticas? Quizá no empaticemos en absoluto con Arabia Saudita, que sitúa a la mujer en plano de subordinación absoluta al hombre, pero es un socio político y comercial fiable y mantenemos embajadas abiertas. Irán no parece un socio fiable y además desafía a Occidente y en especial a otro aliado nuestro, Israel, de manera clara, pero es cierto también que mantenemos plenas relaciones con el gobierno de Teherán y cada año ciudadanos españoles visitan como turistas el país.

Al respecto, la demagogia es mala, pero también la absoluta hipocresía. El término medio quizá es el más adecuado y la clarificación de las líneas rojas no traspasables. Unas líneas rojas que deben ser nítidas y contundentes: ninguna política económica o comercial puede suponer ayudar o dar soporte indirecto a regímenes dictatoriales que reprimen a su ciudadanía o que usan nuestras armas para cometer genocidios o crímenes contra la humanidad o limpiezas étnicas. En este caso, es mejor perder el negocio y que se beneficie otro. Si una pistola española debe servir para asesinar de un tiro a la sien a un condenado a muerte en China o para efectuar una limpieza étnica de musulmanes en Centroáfrica o de cristianos en Sudán, no hay justificación alguna. Ninguna arma española –ni europea- debería ser usada en Siria por el gobierno de Damasco. Esta línea roja debería ser infranqueable para la conciencia democrática de cualquier gobernante, sea cual sea su signo político.

Cuestión distinta es rasgarnos las vestiduras. Por desgracia, la industria armamentista es una de las más importantes del mundo y aunque colisione con nuestra ética y nuestros valores, es bien cierto que allí está, y los negocios se efectúan. No podemos pedir a España que se aparte del juego y ceda, graciosamente, ventas por valor de casi 2000 millones de euros. Lo que si debemos pedir a nuestros gobiernos es claridad: a quien se vende, que uso tendrá el material que nos compran –en la medida de lo posible-, a quien lo denegamos y porque (la denegación al democrático a Taiwán para no molestar a las autoridades de Pekín es de una altísima hipocresía aunque pueda comprenderse en términos de política: China nos compra e invierte infinitivamente más en España que Taiwán) y, finalmente, en ningún caso colaborar con regímenes que usan sus armas para asesinar o reprimir a sus ciudadanos o para llevar a cabo actos criminales imputables ante el Tribunal de la Haya. Todo ello porque aunque como dijo en una ocasión Jorge Dezcállar, diplomático español y ex director de los servicios secretos españoles, que “en política internacional no hay amigos, sino intereses” (declaraciones a TV3-Cataluña en septiembre del 2013) somos defensores del razonamiento de Galbraith, cuando afirmó que “hay momentos en la política en la que debes estar en el lado correcto, y perder.”