MADRID, ESPAÑA. ¿Cómo abordar la cuestión de la migración clandestina en los países de destino para los que ya se han instalado en ellos y cómo hacerlo con relación a quienes se hallarán mañana a las puertas del Viejo Continente? El debate sobre la reciente firma de un Convenio de Repatriación de presos senegaleses y españoles entre el Embajador de España en Senegal y el Ministro de Justicia de Senegal, así como las interpretaciones y comentarios suscitados por este hecho, nos conducen a abordar en este artículo, por una parte, el tema del control de los flujos migratorios, que constituye el fundamento de esta importante problemática, (la cual sigue quitando el sueño a millares de jóvenes que desean cruzar las fronteras, si es que no lo hicieron ya y viven ahora bajo la amenaza permanente de una posible expulsión) y a reflexionar, por otra parte, sobre las posibles alternativas para establecer acuerdos globales acerca de este fenómeno, concebido tan a menudo únicamente como una amenaza o un problema.

La firma de este Convenio respondía al deseo de profundizar en las relaciones jurídicas entre los Estados español y senegalés con el fin de “facilitar la comunicación en el ámbito judicial, así como favorecer la reinserción social de las personas objeto de una condena en cualquiera de los dos países”. Esta comunicación tenía por objetivo fundamental actuar sobre la ejecución recíproca de resoluciones judiciales en materia penal. Si, por lo demás, algunos creyeron ver en los artículos de este documento ciertos subterfugios destinados a facilitar la repatriación de los senegaleses afincados en España, este Convenio responde bien en su conjunto al objetivo señalado más arriba. Sin embargo, el verdadero debate se sitúa en otra parte, por la sencilla razón de que, independientemente de que este Convenio posea o no esta intencionalidad que se le atribuye, ya antes de su entrada en vigor la ola de repatriaciones resultaba incontenible. No en vano, estas repatriaciones se apoyan, en primer lugar, en los acuerdos bilaterales firmados en el contexto de las llegadas masivas entre 2006-2008 entre el “Gobierno de la alternancia” marroquí y el Gobierno español, y aceptados posteriormente por algunos de nuestros Estados.

La situación actual constituye un enorme desafío para el Gobierno senegalés y en particular para el Presidente de la República, el Sr. Macky Sall, a quien solicitamos encarecidamente una atención especial a la gestión de las repatriaciones de nuestros compatriotas, las cuales se realizan a menudo en condiciones dolorosas. Le invitamos igualmente a reexaminar cualquier acuerdo de readmisión que atente contra los Derechos Humanos de nuestros compatriotas.

Esta propensión a deshacerse de esta categoría de inmigrantes juzgados como “ilegales” se ajusta perfectamente a esa política más global de restricciones impuesta con el Pacto sobre Inmigración y Asilo firmado por el Consejo Europeo en octubre de 2008 bajo la Presidencia francesa. Este acuerdo de la Unión Europea se pronunció de manera clara sobre las cuestiones de la repatriación y la expulsión, impulsando la firma de acuerdos de readmisión bilaterales entre los Estados miembros y los países de origen de los inmigrantes.

En el contexto nacional español hay que precisar que el Artículo 53.1.a de la Ley Orgánica 4/2000 del 11 de enero de 2000 sobre Los Derechos y Libertades de los Extranjeros y su Integración Social en España califica de infracción grave la presencia de extranjeros en territorio español sin la pertinente autorización de estancia o residencia, lo que supone que estos últimos cometen, no un delito, sino una falta administrativa que puede conducir a su expulsión.

Una de las particularidades de esta Ley consiste, por una parte, en promover una auténtica cacería de las personas indocumentadas mediante controles intempestivos, al mismo tiempo que las disposiciones presentes en los distintos planes de integración ofrecen amplias oportunidades a estas mismas personas para regularizar su situación a lo largo de un período de tres años, combinando distintas condiciones administrativas y de trabajo. De este modo, el inmigrante “irregular” resulta ser alguien inscrito legalmente en su municipio de residencia a la vez que trabaja en negro y está en posesión de una orden de expulsión, tal y como los recuerda el Profesor de Derecho International Eduard Sagarra.

Los países de la Unión Europea abren cuando quieren las puertas a esta cohorte de emigrantes denominados “ilegales”, para aprovecharlos como mano de obra barata, y vuelven a cerrarlas cuando ya no tienen necesidad de ellos. Esta misma política es la que subyace a ciertas medidas incitativas, encaminadas a acoger y regularizar a los hijos más valiosos de África, su diáspora científica y técnica, repartida hoy por las cuatro esquinas de este mundo.

Las políticas del “todo seguridad” o de “inmigración cero” se erige como una norma implacable, acompañada de medidas, que hacen que Europa se cierre sobre sí misma y se convierta en una fortaleza inaccesible: se levantan muros y rejas en las fronteras entre España y Marruecos. Con una longitud de once kilómetros y una altura de más de cinco metros, la frontera alambrada que cerca la ciudad española de Melilla, en el norte de Marruecos, pretende impedir el acceso a territorio español de los jóvenes africanos, “ilegales” procedentes del África subsahariano. El FRONTEX es una de las manifestaciones más claras de esta política. Su objetivo consiste en reforzar el control de las fronteras externas. La externalización de las fronteras plantea aquí una verdadera cuestión de soberanía: algunos Estados africanos, como Marruecos, se han convertido en los gendarmes de Europa, por cuanto aceptan velar por que esta última no se vea “atacada por avalanchas”. El proyecto de construcción de un nuevo cierre fronterizo entre Melilla y Marruecos lo certifica claramente.

Marruecos, tradicional país de tránsito, ha terminado por convertirse a lo largo de los últimos años en un país de destino, en donde viven atrapados millares de jóvenes subsaharianos (su número se calcula entre 25.000 y 40.000) en condiciones muy difíciles, no pudiendo ni regresar a su país de origen ni alcanzar el de destino. Esta presencia en algunas ciudades marroquíes se caracteriza a menudo por conflictos, como el acaecido recientemente en el barrio tangerino de Boukhalef, que se saldó con el atroz asesinato del joven estudiante senegalés Ndour. La reciente iniciativa de regularización propuesta por el Gobierno marroquí merece todo nuestro reconocimiento, pero no deja de ser una alternativa local, lejos de la necesaria solución en el plano global. Ciertamente, los países europeos disponen del derecho a legislar en cuanto a su política migratoria, cerrando o abriendo sus fronteras. Lo que no resulta tolerable, por el contrario, es la violación de los Derechos Humanos de numerosos inmigrantes. Sin duda, la capacidad de acogida de los países europeos tampoco es ilimitada, pero el porcentaje de migrantes africanos en Europa está muy lejos del total generado por sus propios países. En efecto, ante la posibilidad prácticamente nula de poder obtener el ansiado visado para viajar en paz, la única alternativa que les queda a todos estos jóvenes es jugarse la vida poniéndose en manos de las mafias y recurriendo a acciones tan arriesgadas como la natación, el salto de las vallas de seguridad y el escondite en los maleteros de los coches o en los camiones frigoríficos.

La reacción de los guardias civiles españoles durante el mes de febrero de 2014, cuando no dudaron en lanzar botes de humo y balas de goma para impedir a estos jóvenes inmigrantes africanos el acceso a la costa española, tuvo como resultado la muerte de 15 ellos, que se ahogaron cerca de la playa del Tarajal. El objetivo securitario primó sobre la obligación de respetar a unos seres humanos en peligro, lo cual constituyó una violación flagrante de las disposiciones contenidas en el Reglamento, que en su Artículo 23 obliga a las fuerzas de seguridad a identificar a las personas extranjeras que pisen el suelo español y, sólo entonces, iniciar los procedimientos que permitan distinguir entre aquellas de ellas susceptible de beneficiarse del derecho de asilo o de refugiado y aquellas otras sujetas a deportación. Por lo demás, los «factores de expulsión», relacionados con circunstancias económicas en la mayoría de los casos, probablemente seguirán provocando la salida de miles de jóvenes de su país de origen en busca de una vida mejor. Ellos vendrán a pesar de estas medidas disuasorias de los gobiernos europeos, porque hay una ley natural, según consta en el Artículo 13-1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consagra la libertad de los individuos para circular y residir libremente en el país de su elección. Cualquier intento de limitar este derecho constituye una clara violación de los Derechos Humanos.

Hoy en día, los acuerdos de readmisión a los cuales hicimos alusión más arriba son convenios firmados entre dos Estados, que aceptan recibir personas que pueden ser o no ser ciudadanos de este país. Pero el verdadero problema estriba en que estos acuerdos se incluyen sistemáticamente en los acuerdos de ayuda al desarrollo desde el Consejo Europeo de Sevilla en 2002. El citado Consejo Europeo establece que todo acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y un país no miembro de la misma “debería insertar una cláusula sobre la gestión de los flujos migratorios y exigir la readmisión obligatoria en el caso de inmigración clandestina”. La fuerte condicionalidad de la ayuda al desarrollo a los objetivos de control de los flujos migratorios figura como un principio recordado regularmente por Europa tanto a nivel bilateral como multilateral. ¿Cuál debe ser la relación entre la ayuda al desarrollo y a la gestión de los flujos migratorios?

La cooperación al desarrollo se presenta como una alternativa para frenar la inmigración clandestina. Los recursos supuestamente asignados para frenar este fenómeno distan mucho de ser suficientes, ni adecuados para suprimirla, como lo demuestra el hecho de que simplemente hayan logrado reducir ligeramente los flujos. Los obstáculos son poderosos, pero la motivación lo es más todavía. Todos estos recursos habrían podido ser mejor invertidos en proyectos de desarrollo. Las declaraciones oficiales parecen descansar sobre la hipótesis de que el desarrollo de los países de origen permitiría reducir la emigración. Ahora bien, diversos estudios han puesto de manifiesto que los vínculos entre desarrollo y migraciones no pueden reducirse a una mera relación inversa de carácter mecánico. Por el contrario, se distinguen por una enorme complejidad.

En el contexto actual de una creciente interdependencia entre las naciones, por lo demás claramente desequilibrada, urge reflexionar sobre la gestión de estos flujos migratorios, que los muros u otras políticas de mera contención no van a lograr detener. Por ello, es importante desarrollar políticas concertadas, que tomen en consideración la necesidad de movilidad de competencias de estos jóvenes.

El Proceso de Rabat, como marco de diálogo para la aplicación de la cooperación entre los países de origen, tránsito y destino de los emigrantes procedente del África occidental y central, continúa marcado por la organización de encuentros y seminarios, que, a pesar de toda su importancia, carecen a menudo de un seguimiento adecuado. Este Proceso debe transformarse, en nuestra opinión, en un marco mucho más activo de diálogo abierto para las organizaciones de la sociedad civil, como las ONG, las organizaciones de los migrantes, el sector privado, etc… que constituyen los socios estratégicos para la búsqueda de alternativas a esta problemática.

Estas concertaciones deberían realizarse, en primer lugar, a nivel africano, mediante la organización de una cumbre de Gobiernos africanos en el marco de las instituciones sub- regionales, como la CEDEAO y el CEMAC. Asimismo, Marruecos tendría que evaluar más profundamente la situación en la que se encuentra y cooperar para una gestión más eficaz de éste fenómeno.

A continuación, los Gobiernos africanos y europeos deberían pensar, más allá de los encuentros diplomáticos, en el establecimiento de una comisión permanente de reflexión, compuesta por expertos y destinada a realizar propuestas para solucionar esta situación tan dramática que se está vivienda en la frontera meridional de Europa.
Esta concertación deberá conceder también, en nuestra opinión, un lugar privilegiado a la lucha contra el tráfico de personas. Si esta migración clandestina sigue prosperando y hacer prosperar esta casta de traficantes, que gozan de impunidad desde hace décadas, la conclusión es que no se están adoptando las medidas adecuadas. En junio de 2006, la Cumbre Euro- Africana celebrada en Dakar acerca de la migración clandestina había previsto el equipamiento de los países africanos con bases de datos digitalizadas y sistemas de alerta precoz, inspirados en los modelos europeos sobre las actividades de las organizaciones criminales de los pasadores de fronteras, ¿Dónde estamos respecto a la aplicación de estas medidas?

La proliferación de estos tráficos de personas ha dado nacimiento a una potente industria vinculada a la migración clandestina, que genera beneficios astronómicos comparables a los obtenidos por los narcotraficantes y los traficantes de armas. El grado de desarrollo alcanzado por esta red puede ser apreciado teniendo en cuenta que el traslado a España de 10.000 emigrantes clandestinos transportados por un centenar de cayucos podría reportar hasta 4 billones de F CFA, es decir, 6.106.870,25 euros

Conclusión

Conviene destacar que, a pesar de todos los esfuerzos de sensibilización emprendidos para limitar su impacto en pérdidas en vidas humanas, insistiendo en los peligros que conlleva, la emigración clandestina continuará siendo seguramente un componente del fenómeno migratorio junto a la emigración legal. El análisis de esta problemática debería conducirnos a un debate dinámico, que integre dos cuestiones fundamentales, a saber: cómo abordar la cuestión de la migración en los países de destino para los ya instalados y cómo abordarlo para los que mañana ya estarán a las puertas del Viejo Continente.

La lucha por medios grandiosos, marcados por el lema del “todo seguridad”, de los países europeos no podrá frenar este proceso. Esta lucha debe dirigirse contra los factores que generan este fenómeno, en vez de contra los inmigrantes clandestinos.

Es obvio que Europa no podría acoger todos los candidatos africanos, “toda la miseria del mundo“, como dijo alguien. Pero conviene destacar también que por razones evidentes e innegables, demográficas y económicas (pero a menudo ocultadas), Europa necesitará esta mano de obra para su supervivencia, ya que, a pesar de los prejuicios propagados por los medios de comunicación de comunicación, la contribución económica de los inmigrantes al PIB de estos países es un hecho oficialmente reconocido.

Ésta es la razón por la que resulta tan importante una cooperación dinámica y concertada entre Europa y África, en la que se acuerden las líneas básicas de acción a desarrollar, como la lucha contra los traficantes de seres humanos, los “factores de expulsión” en los países de origen y la refundación de las políticas migratorias europeas sobre la base del respeto a los Derechos Humanos.