ESPAÑA. Ha pasado ya un año desde que el Ministerio del Interior anunciaba poner en marcha un proyecto para encontrar, por medio de un grupo de expertos, un marco legal adecuado para legitimar las llamadas “devoluciones en caliente” sin faltar a la responsabilidad internacional relativa al derecho de asilo. Y ha pasado también un año desde que la transparencia administrativa y judicial del Estado español quedaba en tela de juicio tras la muerte de 15 inmigrantes en las aguas de Ceuta.

Parece que el grupo de investigación ha dado sus frutos; frutos que, sin duda alguna, esconden una manzana podrida. La sociedad española no estaba preparada para dar otro paso en falso, o quizá si… Otro proyecto de ley que asusta por intentar enmendar un error con otro error y que luego se afloja para desviar la atención de lo menos malo.

Como ya parece ser costumbre en materia de inmigración y, especialmente, en situaciones incómodas tales como las que se viven en Ceuta y Melilla cada semana, la ley se plantea nuevamente como alegal. El principal obstáculo para que el proyecto del Ministerio de Interior salga adelante sería, como bien han denunciado diferentes organismos de derechos humanos, el principio de “non refoulement” o no devolución, que indica que “ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad peligre”.

Lo que se quiere conseguir con dicho principio es el compromiso de los Estados a analizar cada caso concreto mediante los trámites adecuados hasta verificar si se trata o no de un refugiado según la Convención de Ginebra, en cuyo caso no se podría proceder a su expulsión. A efectos de dicha obligación, los Estados firmantes, entre ellos España, deberán proporcionar asilo de manera temporal a todo solicitante hasta que se resuelva su caso concreto y se pueda justificar a efectos legales la validez o invalidez de su petición.

No obstante, es en esa misma sentencia donde se esconde la trampa a la que se ha aferrado el gobierno español para intentar saltarse ese paso, ya que a pesar de que no regule específicamente la devolución de un refugiado a un país firmante de la Convención de Ginebra, tampoco lo prohíbe, pudiendo entenderse que Marruecos salvaguardará la vida y libertad de cualquier inmigrante devuelto a su territorio y se encargará de los trámites adecuados.

Los episodios violentos se repiten en la valla con afluencias cada vez más masivas de inmigrantes intentando alcanzar una esperanza de futuro. España tiene miedo, o eso dice… ya que sólo hay una cosa que podría permitir al Estado impedir el acceso a inmigrantes como lo está haciendo, su seguridad. Y he ahí la segunda excusa de España para haberse embarcado en el proceso tan escabroso de la legalización del rechazo en frontera; un precedente que sin duda alguna manchará la historia del derecho de asilo si llega a salir adelante.

El problema del terrorismo global llama fuerte a nuestras puertas por Ceuta y Melilla, esos territorios olvidados que aún reflejan las huellas del antiguo colonialismo y la grandeza de la que algún día gozó el Reino de España. Una zona estratégica a la vez que peligrosa, difícil de controlar y por qué no, incómoda.

Cabe destacar que no es la primera vez que se utiliza la seguridad como excusa para privar de sus derechos a los solicitantes de asilo; con la creación del espacio Schengen España tuvo la excusa perfecta para convertir en un régimen presidiario las vidas de aquellos que esperan a que se resuelva su solicitud de asilo una vez admitida a trámite, un asunto que ha levantado grandes controversias en juzgados de toda España y en la misma sede del defensor del pueblo.

Es por ello que debemos aplaudir la actuación de la Unión Europea, que ha mostrado su descontento con las políticas que se han implantado para manejar la situación, jugando un papel muy importante al deslegitimizar las intenciones del gobierno.

Las violaciones sistemáticas de derechos humanos en la frontera de España con Marruecos han provocado ya la imputación de un Coronel Guardia Civil de Melilla, un primer caso sonoro en la prensa que enfundaba de desconfianza el poder judicial, quien carecía de pruebas, ya que las imágenes habían sido borradas muy a pesar de que con un proceso judicial abierto deben conservarse por ley.

Tras una cortina de desengaño en el poder judicial, supuesto garante de un Estado de Derecho digno, un parlamento incapaz de detener una reforma que roza la ilegalidad y una sociedad amordazada bajo la misma ley violadora del derecho de asilo, sólo podemos encontrar la esperanza en que el sistema internacional, la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea supongan suficiente presión para evitar que tales faltas sigan llevándose a cabo en igual o mayor medida.

El gobierno de Mariano Rajoy parece estar cambiando de estrategia una vez más al confirmar, según algunos medios de comunicación, que como todo proyecto la ley aún está sujeta a cambios y no se violará el derecho internacional con la misma. Esperemos que una llamada de atención sea más que suficiente para no jugar con los derechos humanos, la dignidad o salud de las personas.