Lo que ha ocurrido con la muerte de los espeólogos José Antonio Martínez y Gustavo Virues, atrapados en una montaña en Marruecos, no es más que otro caso que no ha interesado a los gobernantes. Porque si los Estados son los niños bonitos del Derecho Internacional, con esa capacidad para acordar, firmar, ratificar y luego, simplemente, pasar por alto todo ese trabajo diplomático; los gobernantes, esas piezas humanas de la maquinaria estatal, son los auténticos magnates de la vida y la muerte en el mundo, porque sin que caigamos en ser idealistas, al final, ellos son los únicos con capacidad real para llamar, exigir y rogar a un gobierno vecino. De hecho, sin ser inocentes tampoco, todos estaríamos de acuerdo en que debería ser considerado como una obligación de todos los gobernantes el rogar, trabajar y luchar por la vida de sus conciudadanos allí donde se encuentren.

Pero tanto se ha deformado el lenguaje, que cuando hablamos de obligaciones del Estado, automáticamente nuestra mente va a los Bonos del Tesoro, a la deuda, al dinero, a la economía… Y es muy habitual decirlo o escucharlo: en democracia hay derechos y obligaciones, ambos de igual importancia. De hecho, es también cierto que todo derecho, obliga a un comportamiento concreto que lo respete. El problema es que, en la actualidad, parece que estamos viviendo un auge a la hora pedir obligaciones a los ciudadanos, por parte del Estado. Debemos ser más productivos, más competitivos, consumir más, exigir menos, quejarse nada, votar a los partidos de Estado y, desde luego, nada de eso tan feo de increpar a los políticos. Porque si alguien tiene en algún momento una sartén por el mango, esos sin duda siempre serán ellos, será el Estado.

La realidad internacional de un mundo globalizado, te enseñan, rápidamente, que es considerada un lugar en el cual reina la anarquía. Y, en esta anarquía, el encargado de ordenar el espacio, promocionar la paz y evitar la guerra es el derecho internacional público. Según el DIP -tal y como se abrevia- los Estados son considerados sujetos originales, lo que significa que en sí mismos son capaces de generar derechos y obligaciones. Es entonces aquí es cuando viene la pregunta idealista obligada: ¿entonces pueden hacer muchas cosas? Pueden hacer muchísimas cosas, empezando por cumplir y promocionar el cumplimiento de toda la legislación internacional. Así que cuando hablamos del caso de los espeólogos españoles en Marruecos, podemos ir directamente al meollo de esto: ¿No tiene el Estado la obligación de proteger a un ciudadano en peligro que se encuentra fuera de sus fronteras? No, no la tiene. El estado español tiene el derecho de tratar de hacerlo. Tiene el derecho de preguntar a Marruecos y debería tener la capacidad de gestionar esa pregunta y conseguir una respuesta capaz.

Podemos pasar la vida engañándonos a nosotros mismos, dejándonos caer en la creencia de que todo es demasiado complejo como para que salga de la manera adecuada, mientras no dejamos de invertir y crear presupuestos multimillonarios que, se supone, van con la intención de arreglarlo todo, precisamente, tratado de hacer que salga de la manera adecuada. Y así, seguiremos en este bucle de impotencia. Gastando millones que no cambian nada porque el hombre o la mujer encargado de dar una orden, hacer una llamada, cambiar un acontecimiento, promover un derecho o hacer eficiente una política, no tiene la voluntad política necesaria para hacerlo. Y esto -que sé, puede resultar sobradamente idealista-, no es más que uno de los puntos que es debatido continuamente en las principales organizaciones internacionales del mundo, incapaces de obligar a ningún Estado a que se comporte ni como prometió. No hay más que revisar las veces que la ONU ha pedido a España algo. ¿Entonces quién tiene que exigir? La pregunta no es esa, la pregunta  en democracia siempre es en clave electoral y, tristemente, tardía: ¿entonces dónde se debe responder? En las urnas. Todo pasa en las urnas en democracia, quitémosle el romanticismo a la palabra: la diferencia la marca el cuánto eres capaz de convencer, qué poder de convocatoria tienes con los colegios electorales abiertos. Porque es verdad que esto es una fiesta y son los ciudadanos los que pagan la cuenta.

¿Recordáis el caso del cura contagiado de ébola? El gobierno español decidió imitar al gobierno estadounidense en la crisis del ébola -que por cierto no ha pasado solo porque ya no se quiera hablar de ello- y trajo para España a un enfermo español aludiendo que se trataba de «la obligación del Estado». Se les dijo que se trataba de tretas electoralistas, ya que no hay obligación alguna que recaiga sobre un Estado a la hora de proteger a sus conciudadanos repartidos por el mundo, algo que en el caso de los tres espeólogos sí ha sido recordado.  Lo cierto es que el Estado lo que tiene es el derecho de proteger a esos conciudadanos, por lo que puede aceptarlo o no. Y como los derechos no son obligaciones y el peso de la diplomacia no oficial, es mucho mayor que el de la vida de personas anónimas, si no existe una rentabilidad electoral es díficil que se quiera ampliar el gasto de un presupuesto que solo es flexible cuando se trata de corrupción. Hablo a la evidencia de los hechos, de los 7 días de espera de José Antonio Martínez en la cima de una montaña, en un país vecino, cuando se tiene constancia de que, con muchísima más rápidez, se han adecuado operaciones muchísimo más caras a lugares más lejanos.

Pero todo esto son las cosas que pasan cuando los Estados no tienen obligaciones y la realidad internacional es una anarquía, lo cual lleva sucediendo más de 50 años. Porque cuando no esta claro si los individuos que mueren y viven por el planeta, bajo el cumplimiento de la política y el derecho, son actores de la realidad internacional, los gobernantes de los Estados tienen más poder que cualquier dios.