Como no podía ser de otro modo, vengo escuchando, de un tiempo a esta parte, toda una suerte de comentarios, argumentos, exposiciones y consejos acerca de la investidura de Susana Díaz en el Parlamento Andaluz, una vez concluidas las elecciones autonómicas. El hecho en sí no tiene demasiada consideración, es absolutamente normal y propio de un estado que, se supone, democrático. Que se opine, se argumente, se discuta, se exponga es enriquecedor y necesario.  Lo que, sin embargo, sí me sorprende, son las defensas airadas que ciertos periodistas abanderan, en cuanto a las condiciones que, determinadas formaciones políticas, han exigido para apoyar la mencionada investidura. Y, aunque es algo que ya uno viene asumiendo desde hace tiempo, no deja de producir una amarga decepción y desencanto en cuanto a la concepción de que el periodismo cada vez es menos libre y, salvo honrosas excepciones, se pliega a los designios y mandatos de las parcelas de poder que los sostienen.

Como sucede habitualmente, todo termina circunscribiéndose a los temas de legalidad, legitimidad y constitucionalidad, para defender a ultranza la presencia en dicho parlamento de los señores Griñán y Chaves. Olvidan, siempre olvidan, la cuestión política y, lo que es peor, las normas no escritas que dictan la ética y la moral que, no por no estar reflejadas en documento alguno, dejan de tener un valor no igual, sino, a mi juicio, mayor, que las que rezan en los aparatosos e indescifrables libros de leyes.

Dos, al menos dos, a mi entender, deberían haber sido razones suficientes para que dichos  próceres de la política no se hubieran presentado a los recientemente celebrados comicios. La primera, y casi prioritaria, es que estos dos parlamentarios y dirigentes del partido llevan instalados en la política desde la época de la transición, estableciendo lo que debería ser un servicio público a los ciudadanos, en un modus vivendi; y la segunda que, estando bajo el cristal de la sospecha, deberían haber despejado todas las dudas al respecto, antes de continuar pretendiendo ser representantes de nadie.

Por último, indicar a todos esos comunicadores de la prensa doblegada a los poderes económicos y políticos, que tan legítimo, constitucional y legal es presentarse a unas elecciones, arrogarse la presunción de inocencia y solicitar la comparecencia voluntaria, prescindiendo del aforamiento político, como la exigencia de condiciones para votar o no votar una investidura, puesto que las formaciones políticas que se niegan a apoyar un gobierno por la presencia de esos diputados, no están haciendo sino respetar la voluntad de los ciudadanos que les han votado y ser fieles a los compromisos que han adquirido con ellos, lo que no puede decirse de la actitud que mantienen otros partidos.