ESPAÑA. Casi seis años han tardado Gobierno, oposición, patronal y sindicatos en concluir, cada uno por su lado pero todos a la vez, que se necesita un pacto para sentar las bases de la recuperación económica. Tras la reciente publicación de la Encuesta de Población Activa (EPA) que cifra en 6.202.700 el número de parados -el 27,16% de los españoles en edad de trabajar-, parecería que los interlocutores sociales han decidido atajar el problema y trabajar juntos en pos de una recuperación de la economía que se aplaza año tras año desde 2007. Pero… ¿es así en realidad?

El hecho de que la necesidad de un pacto haya sido señalada por separado por los distintos protagonistas de la política y la economía en España revela ya por sí mismo que se trata de un brindis al sol, de una declaración sin visos de traducirse en hechos concretos. El pacto reclamado por los cuatro interlocutores sociales se quedará en meras palabras porque ninguno de ellos tiene interés en sentarse a negociar más allá de sus propios intereses particulares.

Pactar implica renuncias y el PSOE no está dispuesto a renunciar. Más aún, sus dirigentes plantean su visión del pacto como una aceptación incondicional, por parte del Gobierno, de los planteamientos socialistas. Sonrojaría la propuesta si no fuese porque el principal partido de la oposición en España se encuentra sumido en una espiral de despropósitos que lo deslegitima como alternativa al Gobierno, que, por cierto, mantiene su mayoría absoluta en el Parlamento y no necesita al PSOE para gobernar.

Tampoco el Ejecutivo tiene interés en cambiar su política, que justifica por las imposiciones de Europa. Así las cosas, sentar a socialistas y populares para una negociación sería entablar un diálogo de sordos que en nada beneficiaría a España y, por el contrario, podría perjudicar notablemente los intereses nacionales.

¿Por qué, entonces, los socialistas lanzan la propuesta de un pacto? Por oportunidad política. El rechazo de sus propuestas por el Gobierno le sirve al PSOE para socavar la estabilidad del Ejecutivo, debilitándolo de cara al exterior. Flaco favor el que los socialistas hacen a España y grave irresponsabilidad de sus dirigentes, que en lugar de aportar su esfuerzo a la solución de la crisis prefieren poner obstáculos con fines electorales.

Algo parecido ocurre con los sindicatos, empeñados en rechazar todas las decisiones del Gobierno; unos sindicatos que, por una parte, olvidan su pérdida de influencia en la sociedad, reflejada en las escasa participación en las manifestaciones del 1º de mayo, y por otra temen perder los privilegios que durante tantos años han ido acumulando de manera injustificada por una equivocada interpretación de su papel en el engranaje social.

Con estos precedentes, solo cabe esperar que el Gobierno se reafirme en su política económica. Desde la Presidencia del Ejecutivo se insiste en que pronto se verán los resultados de su aplicación, y algunos datos como la rebaja del diferencial de la prima de riesgo parecen darle la razón. Pero la recuperación se antoja demasiado lenta y sus reiterados aplazamientos -la recuperación se iba a sentir primero en 2012, luego en 2013, más tarde en 2014 y, finalmente, en 2015 o, incluso, en 2019- no contribuyen a sembrar confianza entre los españoles, que necesitan explicaciones claras y horizontes que no cambien cada semana, para tener esperanza en una mejora económica que, entre otras cuestiones importantes, conlleve una reducción del paro.

España necesita políticos y sindicalistas serios, responsables y comprometidos no con sus cargos sino con el bien del país; representantes públicos que trabajen y no obstaculicen la labor del Gobierno.