Los tratados constitutivos de la Unión Europea, entonces Comunidades Europeas, no recogían disposiciones relativas a los derechos humanos ya que sus objetivos primordiales se basaban en la creación de un mercado interior y, en definitiva, en la integración económica. Sin embargo, desde entonces la Unión ha ido adquiriendo competencias en materia de derechos humanos que han culminado con el Tratado de Lisboa, de acuerdo con el cual “la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de derecho y respeto de los derechos humanos” (art. 2 del TUE).

Uno de los pasos más importantes fue la creación de un catálogo propio de derechos, la Carta de Derechos Fundamentales, que se proclama en diciembre de 2000. Este documento tenía un carácter meramente político pero adquiere valor jurídicamente vinculante con el Tratado de Lisboa, donde su artículo 6.1 del TUE le atribuye “el mismo valor jurídico que los Tratados”. Por otro lado, el Tratado establecía la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, el último dictamen del Tribunal de Justicia, el 2/13 de 18 de diciembre de 2014, rechaza dicha adhesión por entender que el Acuerdo previsto no tiene en cuenta las características específicas de la Unión.

En cuanto a la política exterior, la Unión pretende consolidar su papel como actor global en las relaciones internacionales, en particular, en materia de paz y seguridad internacionales siguiendo el modelo de Naciones Unidas. En este sentido, los derechos humanos también se encuentran entre los principios que han de inspirar la política exterior de la Unión, como refleja el artículo 21 del TUE. Las orientaciones de la Unión Europea en materia de derechos humanos y democracia se han recogido en el Marco Estratégico de la UE sobre Derechos Humanos y Democracia, adoptado por el Consejo de la Unión el 25 de Junio de 2012, y en su Plan de Acción. Ambos documentos tratan de definir los principios, objetivos y prioridades de la política de derechos humanos de la UE. En particular, plantean cuatro grandes objetivos: a) fomentar la universalidad de los derechos humanos; b) perseguir objetivos coherentes; c) fomentar los derechos humanos en todos los ámbitos de la política exterior de la UE; y d) ejecutar las prioridades de la UE en materia de derechos humanos. Por tanto, los derechos humanos deben impregnar todos los ámbitos de acción de la Unión y, en especial, su política exterior. Por su parte, el Plan de Acción establece medidas específicas que pretenden desarrollar e implementar el citado Marco estratégico.

Dentro de la política exterior de la Unión, cobran especial relevancia las llamadas Operaciones de Gestión de Crisis. Las Operaciones de Gestión de Crisis se basan en los medios civiles y militares suministrados por los Estados miembros y su principal objetivo es el mantenimiento de la paz y el refuerzo de la seguridad internacional. En materia de prevención de conflictos y gestión de crisis, una de las medidas concretas que propone el Plan de Acción es la de “incluir sistemáticamente los derechos humanos, la protección de la infancia, la igualdad de los sexos y, si procede, el Derecho internacional humanitario en los mandatos de las misiones y operaciones de la UE” (Punto 12, letra a). Hasta ahora las misiones y operaciones de la UE habían tenido como objetivos principales el apoyo a la democracia y a los procesos electorales, el desarme, la asistencia militar, la estabilización al final de los conflictos, etc. Pero no habían incluido como objetivo primordial la promoción y protección de los derechos humanos y, en particular, la protección de civiles. Se hace necesario, por tanto, una mayor atención a la protección de civiles dentro del mandato de las Operaciones de Gestión de Crisis de la UE. Tendremos que esperar a este año para conocer la evaluación del primer Plan de Acción y la adopción del segundo, junto con las orientaciones políticas de la nueva Vicepresidenta de la Comisión y Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini.