Han pasado más de dos semanas desde que dos medios españoles hicieron pública su “exclusiva mundial” desvelando los ya conocidos como “Los Papeles de Panamá” y sin embargo, parece ser que a medida que transcurren los días también lo hacen los personajes públicos implicados en ellos.
Para todo el que no la conozca, se trata de un investigación internacional llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) junto con más de 100 medios de comunicación de 78 países, que han estado durante un año analizando y contrastando documentos comprendidos entre el periodo de 1977 hasta 2015 y que llega hasta lo más profundo de los despachos de abogados panameño Mossack Fonseca. La filtración habría llegado al periódico alemán Süddeustche Zeitung el cual compartió la información con ICIJ con un único objetivo, desentrañar el funcionamiento de paraísos fiscales y la opacidad de grandes fortunas distendidas por todo el mundo.
Mossack Fonseca es uno de los más importantes bufetes de abogados del planeta especializado en la creación de sociedades “offshore”. Se denomina así a cualquier sociedad creada en base a las leyes de un Estado extranjero realizando su actividad fuera de la jurisdicción en la que se registra. Esto es, se aprovecha de las ventajas fiscales y del secretismo de jurisdicción del paraíso fiscal donde se crean. A pesar de esto, no se considera ilegal tener una sociedad en estos lugares siempre y cuando se declare en el país en el que se reside.
El hecho de sea un despacho de Panamá no implica la necesidad de crear sociedades en dicho país. Es más, la mayoría de ellas fueron registradas en las Islas Vírgenes Británicas, también consideradas, por algunos países, paraíso fiscal. El considerarlo o no un lugar con este ante-título procedente del inglés “ Tax Haven”, literalmente refugio fiscal, para la Comisión Europea depende de al menos diez países miembros que así lo sopesen. Esto quiere decir que cada país es el que decide con qué jurisdicción firma acuerdos tributarios. No existe una lista oficial, pero sí que determinados nombres encabezan el ranking, a modo de ejemplo, Bahamas o Seychelles.
Cualquier lugar considerado así puede albergar sociedades que pretendan ocultar la titularidad de una cuenta bancaria. Parece ser que la elección de Panamá como “sede central” radica en la estabilidad y grandeza del país con el añadido de poseer un sistema fiscal sólido.
Pero, si no es algo ilegal a los ojos de ciertos países ¿por qué resulta tan importante esta información? La repercusión de que se haya desvelando este entramado pone de manifiesto la libertad con la que actúan ciertos sectores de la sociedad para evadir sus deberes. “Los Papeles de Panamá” ponen en evidencia a toda una saga de personalidades que han acometido acciones poco éticas al borde de la legalidad. Contribuyentes de sobrenombre, bancos y abogados figuran entre los 11,5 millones de documentos sobre las irregularidades fiscales. Entre ellos 40 políticos de 50 países diferentes sumados a familiares y socios.
En el caso de España unas 1200 sociedades llevan el código postal español. La suma sigue ya que según informa ICIJ a lo largo de las dos primeras semanas de mayo irán saliendo a relucir nombres de la enorme clientela de Monssack Fonseca. Los entresijos de la trama mantienen en vilo a aquellos que sospechan que puedan estar ahí. Algunos de mayor renombre social y otros de menor calado pero que sin duda, y inevitablemente, acrecentarán la escala del descontento social si tenemos en cuenta la situación en la que se encuentra el país.