Pablo SánchezHacer historia es hacer política, se mire por donde se mire. El historiador, al estudiar el pasado y adentrarse donde habita el olvido, recupera un contenido cuyo significado está siempre relacionado con el presente. Uno puede hacer historia colonial de América y, sin quererlo, otorgar a las comunidades indígenas o al folclore nacional una excusa para regocijarse en su identidad colectiva. Otro puede acercarse a los tiempos medievales de la península para reforzar una identidad nacional ligada a la Iglesia, a las castas feudales o a las fuertes raíces islámicas de España. Lo que está claro es que toda formación política posee unos rasgos definitorios respecto al pasado de la nación.
El problema es cuando se enfrentan vecinos, amigos, hermanos e hijos en un conflicto civil. El problema es que la España democrática no ha profundizado aún en las raíces democráticas del país, y el silencio y el borrón y cuenta nueva no han hecho sino mantener viva la llama del rencor, ofreciendo a los ciudadanos una excusa para posicionarse por cuenta propia y tomar conciencia de un conflicto que pudo ser muchas cosas, pero no exento de muerte y pobreza. La Guerra Civil española (1936-1939) ha sido el conflicto que más vidas se ha llevado en la vida de España como Estado moderno. Pero es cosa del pasado, ¿no?
Desde el final del franquismo y hasta la actualidad ha pervivido un deseo expreso de “borrón y cuenta nueva” que dificulta ahondar en el pasado democrático de España
Tan sólo algún búnker, algún casquillo de bala puede encontrarse a lo largo y ancho del terreno peninsular. Quizás, con suerte, el aparejo de algún soldado o los restos de un fusilado. Pero no todo es olvido. Con el nuevo milenio, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha surgido con la intención de desenterrar el pasado y ofrecer a esas familias de la posguerra, excluidas y marginadas por un muy católico y militarizado régimen que no admitía el perdón, la devolución de los cadáveres de sus antepasados y, con ello, algo de dignidad para aquellas personas cuyos antepasados lucharon en el bando perdedor.
En ambos bandos se produjeron atrocidades, y en ambos bandos murieron inocentes. ¿La diferencia? El régimen de Franco instauró una represión sistemática y organizada para acabar con todo indicio de oposición, y ante la duda el paredón solía ser útil decidiendo destinos
La recuperación de restos de miles y miles de fusilados por el bando franquista es la principal misión de esta asociación, y si bien a partir de la entrada en vigor de la Ley de la Memoria Histórica en el año 2007 bajo el gobierno socialista se ha procedido a la institucionalización de dichas prácticas, poco tiempo han tardado en ser apartadas de la agenda gubernamental por el gobierno de Rajoy.
Monumento en recuerdo de los fallecidos y dejados en una fosa común en Oviedo
Y es que los populares poco se han interesado, por no decir nada, por la investigación de la Guerra Civil y la represión franquista. Por supuesto se trata de una cuestión directamente relacionada con el pasado del partido, cuyos mandatarios fundadores estuvieron en su día vinculados con el régimen, pero eso es agua pasada. El partido, con miedo a abrir “viejas heridas”, prefiere dejarlas mal curadas, infectas en su interior. Y no se da cuenta que así mantienen el conflicto con la proliferación de libros favorables a uno u otro bando que, fuera del academicismo y de las bases democráticas que supuestamente deberían guiar al ciudadano de hoy día, avivan la llama del odio hacia el prójimo y hacia el propio sistema. Porque no se trata sólo de carne putrefacta y huesos; también hablamos de papel.
El problema viene dado porque España, a diferencia de gran parte de países, mantiene bajo control político la desclasificación de los archivos
España, distinguida por tantas y variadas cosas, destaca también en el ámbito de la desclasificación de archivos por ser éste un tema dirigido básicamente desde el Gobierno, dejando muy poca capacidad de decisión al respecto al gremio de los historiadores. Bajo la protección legal de la Ley de Secretos Oficiales, el Gobierno se niega a desclasificar y dejar en manos de la investigación hasta 10.000 documentos con información relativa a las relaciones de España con la Alemania nazi y la Italia fascista, o a los campos de trabajo forzado levantados durante y tras el conflicto. Que el generalísimo hizo también de genocida es bien conocido, con una estrategia dirigida desde arriba explícitamente para fomentar el miedo y el odio entre los vecinos e instaurar el orden. Que la dictadura se llevó durante y tras el conflicto más muertos que la Italia de Mussolini, también es conocido. Sin embargo, el PP cierra filas ante una decisión que, en palabras del ministro de Defensa, Pedro Morenés, de julio del presente año:
Hablamos de seguridad, relaciones exteriores e intimidad de las personas. No tengo nada en contra de desclasificar documentos para conocer la historia, pero no voy a hacerlo a costa de la seguridad del Estado, las relaciones exteriores y la intimidad de las personas. Hasta que no tengamos los medios no podremos abordar con rigor y responsabilidad esta desclasificación
Ochenta años nos separan del conflicto, y con las palabras de Morenés sólo podemos deducir dos cosas: que no interesa lo más mínimo al Gobierno la historia de España o que la estructura y relaciones diplomáticas del país no han cambiado en, aproximadamente, ochenta años.