COREA DEL NORTE. Lo que la comunidad internacional venía intuyendo desde hace tiempo sobre el régimen comunista, totalitario y represivo de Corea del Norte ha quedado completamente al descubierto gracias al demoledor informe elaborado por una Comisión constituida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que acaba de publicarse.

Sus 372 páginas recogen 200 testimonios aportados por antiguos internos de campos de prisioneros políticos y desertores que describen una escalofriante maquinaria de horror sistemático diseñado y aplicado no sólo en el pasado, sino en la actualidad, por el Gobierno de la República Democrática Popular de Corea.

La investigación revela un catálogo de violaciones de los derechos humanos “cuya gravedad, escala y naturaleza no tienen parangón en el mundo contemporáneo”, según los investigadores, quienes llegan a compararlos con los de la Alemania nazi, afirmando, además, que muchas de esas violaciones constituyen crímenes contra la Humanidad. “Exterminio, asesinato, esclavitud, tortura, encarcelamientos prolongados, violencia sexual, abortos forzosos, privación de alimento, desplazamiento forzoso de poblaciones y persecución por motivos políticos, religiosos, racionales o de género” son  las prácticas abominables documentadas en el informe sobre las que se sustenta el régimen liderado actualmente por Kim Jong-un. Este joven e inexperto mandatario, de 31 años, no ha dado ninguna señal que haga pensar en un cambio de estilo de gobierno –desde que lo asumió en diciembre de 2011- respecto a su padre, Kim Jong-il, y de su abuelo, el fundador –en 1948 tras la partición de las dos Coreas- de este Estados asiático,

Y es que hablar de la situación en la que viven los 25 millones de habitantes de  Corea del Norte (cerca del 1% de los cuales, entre 150.000 y 200.000,  se hallan recluidos en campos de internamiento) es sinónimo de delirio demencial. Unos simples datos avalan esta afirmación. Corea constituye la cuarta fuerza militar del mundo y su frontera es la más cerrada y vigilada militarmente. Ningún extranjero puede entrar en el país salvo que se trate de un caso especial, y los que lo consiguen son custodiados las 24 horas por oficiales de alto rango. Todos sus habitantes deben tener en sus casas la foto del gran líder y hacerle reverencia. Trabajan todos los días –no existen festivos- por un dólar al mes, más o menos, y no disponen ni de Internet, ni de teléfonos móviles, ni de electricidad durante la noche y, en general, de nada que les conecte con el mundo exterior (no saben, por ejemplo, que el hombre ha ido a la Luna).

Ahora, con este ya evidente escenario puesto sobre la mesa, la Comisión Investigadora ha instado al Consejo de Seguridad de la ONU a que acuda a la Corte Penal Internacional (CPI) de modo que los responsables de estos desmanes sean  juzgados por los mismos. Junto a ello, aboga por la imposición de sanciones internacionales que recaigan directamente sobre el núcleo de los dirigentes norcoreanos, pero no sobre los castigados ciudadanos.

El régimen de Pyongyang ha negado y rechazado totalmente el informe, pero el documento supone un punto de inflexión y deja sin excusas a la comunidad internacional para actuar y acabar con esta locura. Sin embargo, el mayor inconveniente para que esto pueda suceder lo representa China, principal aliado de Corea del Norte, ya que, como miembro permanente, cuenta con  poder de veto en el Consejo de Seguridad.

El Gobierno chino ha manifestado ya su oposición  a que Corea del Norte sea llevada ante la Corte Penal Internacional (CPI) porque considera que eso no ayudará a mejorar la  situación descrita. Otro escollo para dar ese paso es el hecho de que  Corea del Norte no es país firmante del Estatuto de Roma (instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, adoptado en la capital italiana el 17 de julio de 1998), con lo cual este tribunal no podría iniciar una investigación sin el respaldo unánime del Consejo de Seguridad de la ONU. Algo, hoy por hoy, poco probable, por tanto.