ESPAÑA. “El fraude es la amenaza más seria al funcionamiento correcto del sistema tributario español” escribía esta semana en El País el que ha sido Secretario de Estado de Hacienda entre 1991 y 1993 Antoni Zabalza.

Para tratar de combatir este timo al fisco, el actual gobierno ha aprobado varias medidas, como el limitar los pagos en efectivo entre empresas y profesionales a 2.500€ o el de la obligatoriedad de informar de las cuentas que se tengan en el extranjero bajo amenaza de multa si no se hace.

Para el Catedrático de Hacienda Pública Ignacio Zubiri, la clave para que se consiga reducir el fraude está en que “defraudar no sea rentable”. Para esto Zubiri considera que “se tendría que aumentar la probabilidad de detención y de sanción en caso de ser descubierto”. Así lo reflejaba el pasado mes su artículo en el The Economy Journal. Entre sus propuestas destacan la creación de una Policía Fiscal, aumentar la cuantía de las multas o incentivar la cooperación voluntaria de las grandes empresas con la Administración Tributaria.

Esta última propuesta puede ser una de las más interesantes si tenemos en cuenta el informe La desigualdad en crisis: hombre rico, hombre pobre del sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, en el que los datos arrojan que el 71,8% del fraude fiscal lo cometen las grandes empresas y las grandes fortunas. La propuesta de este catedrático de Hacienda Pública pasaría por que la Agencia Tributaria ayudara a las empresas a resolver sus dudas y a cumplir sus obligaciones tributarias y a cambio estas permitiesen el acceso a sus datos contables.

Otra opinión es la de Julio Ransés Pérez Boga, presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda de Estado. Considera uno de los focos tradicionales de fraude el sector internacional, en relación a las operaciones que realizan empresas multinacionales. Afirma que “en muchos casos no defraudan, sino que aprovechan lagunas entre legislaciones de diferentes países” es la llamada planificación fiscal agresiva. Una posible solución que Pérez Boga ofrece en su artículo en el The Economy Journal es que al tratarse de un problema “en clave internacional, las soluciones tienen que venir en clave internacional”, y las decisiones “han de tomarse mediante acuerdos del G-20 que deberían ser desarrollados y verificados por Naciones Unidas”.

Mientras se valora la posibilidad de aplicar otras propuestas a la espera de que las últimas medidas puestas en marcha empiecen a dar sus frutos, continúan saliendo informes de los que se deduce que el dinero negro que circula en España se ha incrementado durante la crisis. Ha pasado de representar el 17,8% del PIB en 2008, a suponer el 24,6% en 2012, es decir se ha incrementado en 6,8 puntos porcentuales, así lo recoge Gestha, en el informe La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude en España durante la crisis que ha presentado hace unos días. Por no hablar de la desigualdad entre las provincias, donde la diferencia entre la que más fraude tenía y la que menos ha crecido desde el 7,3% en el año 2000 hasta el 15,1% en 2012 según dicho informe.