Es un hecho que la edad media de la población española ha aumentado significativamente en las dos últimas décadas. Esto se debe a que nuestros mayores son más longevos gracias a que disfrutan de una sanidad aún envidiable, aunque también es consecuencia directa del descenso paulatino de la natalidad, cuyas causas son el retorno de los inmigrantes y la crisis económica, así como la incorporación de la mujer al mercado laboral situándonos así por debajo de la media Europa en el índice de nacimientos.
A continuación añadimos a la coctelera que España sufrió un baby- boom entre 1957 y 1977 generándose 14 millones de nacimientos en dos décadas. Todo esto ha propiciado que España padezca el denominado » efecto pirámide invertida» y, en efecto, es grave.
Como refleja la imagen expuesta anteriormente se puede observar como el baby- boom engrosa de forma desmesurada la pirámide. Actualmente esta franja está situada en torno a los 40 años, estando en condiciones de trabajar y, por ende, de cotizar. Pero se puede apreciar que a partir del 2050 el intervalo de edad para este grupo será elevado, situándose así en los 75 años aproximadamente por lo que no creo que estén en condiciones de hacer crecer las arcas de la seguridad social.
Vistas las circunstancias, se tendrá que realizar un esfuerzo e incrementar la edad de jubilación si no cambian las expectativas. Según estudios del Ministerio de Trabajo, el sistema de pensiones únicamente asegura el equilibrio financiero hasta 2027. No podemos obviar que sufrimos este efecto y que el reparto será insuficiente en los años venideros. En el análisis realizado se calculó que en 2049 por cada diez personas en activo, soportaremos a siete jubilados y a sus respectivas pensiones.
Esta situación se ha visto reflejada en una tendencia positiva en cuanto a la contratación de planes de pensiones privados, aunque aún es dato relativamente bajo (18,6%), siendo los planes personales más abundante que los profesionales.
Según cifras de la OCD de 2015, España atribuye un gasto en pensiones del 10,5% de su PIB, que supera la media (7,9%) situándose en el noveno puesto del ranking compuesto por 34 países integrantes.
Este gasto desproporcionado junto al descenso de los ingresos (elevadas tasas de desempleo) ha provocado que a la Seguridad Social no le cuadre las cuentas, dando como resultado un saldo negativo. Este déficit contrasta con cifras oficiales del sistema al inicio de la legislatura del actual gobierno, que en octubre de 2011, antes de que diesen comienzo las elecciones, la S. Social registraba un superávit de 5.610 millones.
Esta deuda permanente que se viene contrayendo desde 2012 ha causado en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social una retirada de 37.701 millones de euros, lo que deja un remanente actual en 39.520,46 millones, es decir, el gobierno ha agotado la mitad de la hucha de las pensiones.
Lo más seguro es que en las próximas semanas no escuchemos en las ponencia de campaña de los partidos políticos lideres ningún dato con respecto a que los jubilados de dentro de 30 años serán más pobres, en términos relativos , que los jubilados actuales. Una delas causas la hemos mencionado anteriormente; aguantaremos al baby-boom, por lo que se tendrán que repartir el presupuesto de la S.S entre un mayor número de pensionistas, reduciéndose así seguramente la cuantía y, suponiendo, que no se aumente el gasto destinado a esta partida.
Otro motivo está relacionado con la pérdida de poder adquisitivo, es decir, que el dinero pierda valor porque el precio de los productos habituales de consumo ha incrementado. Esto es debido a que las pensiones deben subir a la par que el IPC generándose un ajuste para que la inflación no afecte a la capacidad económica de nuestros mayores. Se calcula que el IPC en España en el próximo año crecerá un 1,5% y, las pensiones únicamente un 0,25%, que afectará directamente a los beneficiarios de la pensión con una perdida de 142 euros en poder de compra pero únicamente supondrá una subida de 2 euros mensuales (teniendo como referencia una pensión media).
Por último, mencionar que las pensiones sufren una casi congelación, puesto que únicamente subirán el mínimo legal (0,25%) quedándose la pensión máxima entorno a los 2.567 euros y la mínima no superará los 636.