GLOBAL. No es ninguna novedad que el debate sobre la expansión de la economía sumergida y el volumen del fraude fiscal resurja siempre en tiempos de crisis económica buscando justificaciones a los números rojos que no cuadran. En el pasado Congreso de Inspectores de Hacienda celebrado en Málaga el 18 de octubre mi compañero Domingo Carbajo definía la economía sumergida como uno de los tanto “agujeros” del sistema: agujeros que promueven el fraude fiscal.

Sin embargo, a la hora de definir “economía sumergida” y el “fraude fiscal”, estos fenómenos carecen de consenso doctrinal, metodológico y estadístico, existiendo una enorme variedad de definiciones y modelos de medición. Fraude fiscal y economía sumergida son dos fenómenos diferentes y con causas distintas, aunque relacionados entre sí y ambos crecientes por la crisis sistémica.

Existen diferentes métodos para evaluar la economía sumergida, tanto cualitativos como cuantitativos, sin que ninguno de ellos pueda considerarse exento de deficiencias para una estimación rigurosa. La metodología más en boga para estimar el volumen de economía sumergida es el análisis de la circulación monetaria. Su idea central es que, en la economía sumergida, las transacciones se realizan mediante pagos en efectivo. En el cómputo de la economía sumergida que se estima con estos métodos, se incluye no solo lo que podríamos denominar producción legal no declarada, sino también actividades financieras de todo tipo y ocultas que por ello se realizan en “cash”.

A través el estudio del “Tax Gap” buscamos una definición y método adecuado repasando una treintena de estimaciones de economía sumergida y llegamos a la conclusión de que, como media en los países europeos, cada punto porcentual de economía sumergida, reduce la recaudación fiscal 0,35 puntos. Esta metodología proporciona evaluaciones en Europa que no parecen reflejar el impacto de la crisis económica sobre la misma y la sitúan en el entorno del 18% del PIB, aunque en los países del Sur de Europa se aproxime al 25%, siendo España el país que ha experimentado un mayor crecimiento: el 6,3% anual desde 2003, hasta superar el 28% del PIB en el 2013. En cuanto al fraude fiscal, las estimaciones para España se mueven entre el 3% y el 8% del PIB, lo que se traduce en una pérdida de entre el 10% y el 25% de la recaudación fiscal.

De ahí la necesidad de que España busque medidas que ganen la batalla al cash (difícilmente controlable) e incentiven el uso de tarjetas, ya que el uso de tarjetas y otros medios electrónicos de pago reduciría la economía sumergida, elevaría el PIB y el empleo, modernizaría la economía, e iría en favor de la nueva economía del conocimiento basada en las ideas y en la optimización de recursos, utilizando la innovación para mejorar la calidad de vida de todos.

Para evitar que este mal endémico se extienda a toda Europa se debería reducir el uso del efectivo mediante la supresión, simultánea en toda la Eurozona, de la circulación de billetes de 200 y 500 euros. Además los legisladores europeos deberían estudiar con mayor profundidad los últimos proyectos de regulación europea de los medios de pago; proyectos estos, con medidas que pueden crear más problemas de los que intentan resolver ya que la experiencia previa en España de medidas similares ha sido negativa; recordemos que desde el 2006 se redujeron las tasas de intercambio de las tarjetas pero aumentaron en mayor proporción las comisiones bancarias. El resultado ha sido un menor uso relativo de tarjetas y el mayor recurso tanto al efectivo como a los billetes de 500 y 200 euros, cuya proporción se ha elevado a pesar de la crisis en las cifras antes señaladas

Si esos proyectos de regulación salieran adelante, se podría reproducir la experiencia previa en España, de resultado negativo: un menor uso relativo de tarjetas y el mayor recurso al efectivo. Medidas poco apropiadas para hacer frente a los agujeros de la crisis: la economía sumergida y el fraude fiscal.